Charole reclamó al Estado que termine con el histórico conflicto de la zona del interfluvio

Charole reclamó al Estado que termine con el histórico conflicto de la zona del interfluvio

En diciembre de 1999, el por entonces gobernador del Chaco, Angel Rozas, firmó un decreto para relocalizar a los pobladores criollos que habitaban las 150 mil hectáreas de propiedad comunitaria indígena reconocidas a la Asociación Civil Meguexosochi, ubicadas en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, que comprende una vasta superficie de El Impenetrable Chaqueño. Así, buscaba cumplir con la efectivización de los derechos de los pueblos originarios de sus territorios que habían sido declarados “reserva toba” por un decreto del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear del año 1924 y luego ratificado por otro provincial de 1991, firmado por el gobernador peronista Danilo Baroni.

Sin embargo, la medida nunca se efectivizó y se inició un conflicto que aún perdura, con denuncias cruzadas de tala ilegal del monte nativo, y que atravesó diversos momentos de tensión, alcanzando un pico en el año 2006 cuando las comunidades indígenas le reclamaron al gobierno radical de Roy Nikisch que se concrete la efectiva posesión de las tierras para los pueblos originarios. En 2007, cuando asumió Jorge Capitanich como gobernador, el conflicto persistía. Se intentaron diversas mediaciones para relocalizar a los criollos, incluso se llevó adelante un relevamiento por parte del gobierno provincial. Hoy, 19 años después del reconocimiento de la posesión comunitaria de la tierra, aún no se efectiviza ese derecho reclamado por la Asociación Meguexosochi, “la Megue”.

Días pasados, se realizó una reunión para analizar la situación de la que participaron integrantes de “la Megue”, de la que participaron funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y el propio procurador general Jorge Canteros, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), Orlando Charole, consideró que “independientemente del cauce legal o judicial, también se apuesta muchísimo a la posibilidad de una mediación, para que se busque una salida más rápida de relocalización”. Y consideró que “en esto tienen que intervenir los organismos competentes en la administración de la tierra pública, que es el Instituto de Colonización, y el Poder Ejecutivo del propio gobernador”.

El dirigente indígena advirtió que “hay que tomarlo con mucha tranquilidad para buscar una salida pacífica, evitar que los propios pobladores confronten”. En ese contexto, reflexionó que “no podemos permitir que vengan personas de afuera de nuestra provincia y se le adjudiquen mil, dos mil o cinco mil hectáreas, y que nuestros propios compatriotas, viviendo muchos años en lugares de cualquier punto de la geografía provincial, queden en la calle”.

Por eso, reclamó “una decisión política seria, responsable, para relocalizar a esos compatriotas que tienen legítimo derecho de ocupar una superficie de tierra para producir”.